El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 25 ONG nicaragüenses, incluidas dos que apoyan a mujeres víctimas de la violencia y una de rescate a jóvenes de las pandillas, así lo informó el Poder Legislativo.
Con esas nuevas 25 asociaciones se elevan a 75 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a las que el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega ha pedido su ilegalización en lo que va de mayo, y a 212 desde diciembre de 2018.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 187 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
Según el Gobierno de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, lo cual ha sido rechazado por los afectados. En la nueva lista, la cartera de Gobernación propuso al Parlamento cancelar la personalidad jurídica a la Fundación Pro-Rescate de los Jóvenes en Pandillas, a la Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia, y a la Asociación Centro Alternativo para Mujeres Sobrevivientes de Violencia Izel.
Otras ONG propuestas a ser anuladas son la Fundación Puntos de Encuentro, Fundación Centro de Orientación para la Exportación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (COEMIPYME), Fundación Centro de Relaciones Internacionales, y Fundación de Mujeres y Desarrollo y la Democracia en Nicaragua.
EFE indica que, además, ONG dedicadas a la gobernabilidad, a la democracia, a la participación ciudadana, al desarrollo forestal, y al desarrollo comunitario.