Con información de Infobae
Tres cubanos enfrentan cargos de hasta 30 años de cárcel por propaganda y violencia antigubernamental tras ser vinculados en ataques que las autoridades alegan que fueron financiados desde fuera de Cuba y tenían como objetivo desestabilizar a la dictadura castrista.
Los fiscales están pidiendo entre 20 y 30 años de prisión para un hombre y dos mujeres que supuestamente arrojaron cócteles molotov contra un edificio que alberga los expedientes de un tribunal en el municipio de Centro Habana. El reporte señaló que los tres cubanos también habían atacado la estatal sede provincial de los comités vecinales de cuadra, o CDR, en La Habana, que tienen la tarea de movilizar el apoyo al gobierno.
Los presuntos responsables recibieron recargas de telefonía celular y alrededor de 10.000 pesos (unos 37 dólares al tipo de cambio del mercado negro) de grupos fuera del país a cambio de realizar los ataques y difundir “propaganda enemiga”, según las autoridades cubanas.
En su más reciente informe, correspondiente a octubre, Prisoners Defenders indicó que hay 16 nuevos presos políticos en Cuba, lo que hace un total de 1.062. Justamente, en el texto, Prisoners Defenders hizo hincapié en el caso de Alina Bárbara López Hernández, quien “será enjuiciada de forma sumaria y arbitraria”.